martes, 26 de enero de 2016
domingo, 8 de marzo de 2015
miércoles, 5 de marzo de 2014
sábado, 11 de mayo de 2013
CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR
Tomando como referencia algunos estudios hechos por
aquellas personas que tienen la suficiente capacidad para demostrar que este país
sigue siendo un pais de pandereta, que como algunos argumentan parece Españitan,
hay que poner muy claro cuáles pueden ser nuestros argumentos a esgrimir y
tener muy claro cuál puede ser nuestra propuesta ante una crisis no creada por
el pueblo sino por aquellas oligarquías y grandes empresas multinacionales, que
con sus monopolios dominan los estamentos de la política y las mentes de la
clase trabajadora sometiéndola a la más vil esclavitud.
Como no soy un hombre de estudios posiblemente algunas
de las cosas que recojo estén fuera de contexto o no actualizadas, pero basado
en el estudio del documento titulado "Hay Alternativa, propuesta para
crear empleo y bienestar social en España", (obra de los Profesores: VICENÇ NAVARRO (www.vnavarro.org;
Twitter: @VicencNavarro) politólogo y economista, es catedrático de Ciencias
Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha
sido catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y de la
Complutense de Madrid. Exilado por motivos políticos es y ha sido Profesor de
Políticas Públicas de la The Johns Hopkins University de EEUU durante 40 años.
Autor de veintiocho libros traducidos a varios idiomas, es uno de los
científicos sociales españoles más citados en la literatura científica
internacional.
JUAN TORRES LÓPEZ (www.juantorreslopez.com; Twitter:
@juantorreslopez) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de
Sevilla. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad académica y ha sido
secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.
Autor de numerosos artículos científicos y de divulgación económica y de una
veintena de libros, además de dirigir o participar en numerosas obras
colectivas como el best seller Reacciona.
ALBERTO GARZÓN ESPINOSA (www.agarzon.net; Twitter:
@agarzon) es licenciado en Economía y diplomado en Administración de Empresas y
Máster en Desarrollo Económico; actualmente realiza su tesis doctoral sobre
modelos de desigualdad y crecimiento. Coordina la revista digital Economía
Crítica y Crítica de la Economía, fundada en el seno del movimiento de jóvenes
economistas críticos en España).
Para ello nada mejor que poder argumentar teniendo las
cosas claras y asi poder difundirlas en todos los lugares que tengamos opción,
sea en nuestros muros, entre nuestros amigos, conocidos, tertulias, trabajo,
etc.etc. Es importante que todos los ciudadanos estén informados. Poner en su
conocimiento multitud de datos que desconocen, aunque esas personas sean
contrarios a nuestras ideas. Hay que seguir insistiendo en que esta crisis, no
creada por los ciudadanos, tiene salidas lógicas. Reforzar nuestra argumentación
ante aquellos que pisan nuestros derechos, suspendiendo las cosas importantes
como la Educación, la Sanidad, la Dependencia, la seguridad, la libertad de
expresión, los derechos laborales, etc.etc. Y esos datos son, simplemente, la
cantidad de barbaridades que los diferentes gobiernos (autonomías y central) están
cometido contra los intereses de un estado de bienestar en contra de los
ciudadanos españoles.
Ejemplos: Los miles y miles de millones que se lleva
la iglesia católica. La cifra no es menor de los 6.000 millones de euros.
El exceso en los gastos en infraestructuras que no
eran necesarias. Por ejemplo, empezando por la Comunidad Valenciana: aeropuerto
de Castellón, Ciudad de la Luz, Ciudad de las Artes, etc.
La rebaja efectuada, subvenciones y supresión de
impuestos a empresas y grandes fortunas. Subiendo un 5% a las empresas que
facturen más de un millón de euros se recaudarían 14.000 millones más.
La Casa Real obtenga de los presupuestos generales del
Estado una renta de 9 de millones de euros cada año, sin contar el valor del
patrimonio que esa institución posee en base a lo robado y espoliado del
patrimonio cultural español.
La permisividad a la mafia del dinero negro y su
protección. Supresión de figuras de ingeniería fiscal que protegen la
corrupción y el fraude. Miles de millones anuales.
La improvisación en la progresividad de los impuestos.
La subvención de 90 millones que se concede al cine
español, o de los 360 millones que reciben la prensa y las televisiones
privadas
La puesta en marcha de una verdadera fiscalidad a las
rentas y al patrimonio.
Subida inmediata al porcentaje impositivo de las SICAV
o desaparición de su reglamentación. Unos 1.700 millones.
Pacto de reciprocidad entre los beneficios de las
empresas en épocas boyantes con las épocas de crisis.
Supresión de cargos públicos, prebendas, vehículos e
instituciones obsoletas.
La pertinencia de que los partidos políticos se
merezcan los 85 millones de euros que también reciben del Estado
Un político, un sueldo, al contrario de lo que
Cospedal impondrá en Castilla La Mancha en Enero, donde la política será sólo
para gente pudiente y adinerada. Ley de total incompatibilidad.
Estas son algunas cuestiones de argumentación para
emplear y defendernos. Pero no por ello dejar de dar una respuesta a la crisis
en España que a continuación recogemos en 68 puntos. Ahhh. claro, por supuesto...desmantelamiento
de la Casa Real y sus “vividores” ... Eso, lo primero.
RESPUESTAS INMEDIATAS A LA
CRISIS EN ESPAÑA
1.
Referéndum vinculante ante cualquier plan de ajuste estructural.
2. Pacto
de rentas entre capital y trabajo para alcanzar el nivel más alto de
participación de los salarios en la renta nacional en el periodo democrático.
3.
Plan de estímulo económico orientado a avanzar en la puesta en marcha de nuevas
actividades y formas de producción y consumo.
4.
Auditoría de la deuda pública y privada para denunciar los contratos ilegítimos
y liberar la carga financiera asociada.
5.
Comisión de responsabilidades a nivel español que evalúe el papel de las
autoridades que han permitido la burbuja inmobiliaria y el nivel de
endeudamiento extremo.
6.
Nacionalización de las grandes empresas privatizadas en su día.
7.
Incremento de las partidas de gasto social para lograr que España converja en
gasto público social por habitante con el promedio de la UE-15 en cinco años.
8.
Puesta en marcha de un plan estratégico nacional encaminado a promover la
igualdad de género, con especial énfasis en la eliminación de todas las
manifestaciones económicas y sociales de la discriminación entre mujeres y
hombres, en el fomento de la corresponsabilidad entre ambos y con el objetivo
concreto de alcanzar la tasa de actividad femenina media de la Unión Europea de
los 15.
SISTEMA FINANCIERO
9.
Nacionalización de las cajas de ahorro para financiar la actividad productiva y
que sirva de contrapeso a la banca comercial privada y a la banca que haya
recibido ayudas
por
parte del Estado o a la devolución de todas estas. Y creación de una banca
pública que garantice la financiación de la economía y la disponibilidad de
crédito a empresas y ciudadanos que lo requieran.
10.
Impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca y los activos
financieros.
11.
Código de comportamiento ético de la banca pública que asegure que todas las
inversiones financieras deben ser socialmente responsables.
12.
Introducción de coeficientes de caja más altos y de coeficientes de inversión.
13.
Promoción de las instituciones financieras de nuevo tipo vinculadas a las
finanzas personales, a los mercados locales y a la microfinanciación.
MODELO DE PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
14.
Plan estratégico de redefinición del modelo productivo basado en la promoción
del mercado interno y la demanda doméstica y que a corto plazo potencie los
sectores de las energías renovables y el reciclado del sector de la
construcción en la recuperación de viviendas y el Estado social.
15.
Modelo de crecimiento orientado al mercado interno basado en altos salarios y
elevado gasto público.
16.
Fomento de la agricultura ecológica y de la producción de bienes y servicios de
proximidad.
17.
Nuevo modelo de transporte público que priorice el desplazamiento de la mayoría
de la población (cercanías, autobuses, etcétera) sobre el transporte
minoritario, caro y poco eficiente (AVE).
18.
Promoción del empleo local fomentando la creación de cooperativas de
agricultores y de vendedores de materias primas, que permitan distribuir
localmente sus productos y eliminando así de forma progresiva el peso de los intermediarios.
19.
Acercar los lugares de consumo y producción, acabar con la cultura del
"centro comercial" y ayudar financieramente a los pequeños comercios.
20.
Democratización de las empresas, introduciendo modelos de cogestión donde sindicatos
y trabajadores estén en los consejos de dirección de las empresas.
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
DEL EMPRENDIMIENTO
21.
Garantizar la financiación de las pequeñas y medianas empresas a través de la
banca pública.
22.
Nuevo horario laboral que permita mejorar las condiciones laborales y humanas
de los trabajadores, incrementando la productividad en las empresas.
23.
Mejorar los trámites burocráticos, facilitando y agilizando los procesos de
creación de pequeñas y medianas empresas.
FISCALIDAD
24.
Incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y los beneficios,
con nuevos tramos y tipos más altos y recuperación de nuevos impuestos que
graven la
riqueza,
como el impuesto del patrimonio o el de sucesiones, con tramos exentos para
centrarlos en los niveles más elevados de riqueza.
25.
Igualar la fiscalidad que soportan las rentas del capital a la del trabajo.
26.
Incremento de los presupuestos técnicos de Hacienda y de las partidas
destinadas a prevenir y controlar el fraude fiscal que permitan aumentar las
inspecciones fiscales y de trabajo a las empresas, en especial a las más
grandes.
27.
Acabar con los privilegios financieros de la Iglesia y utilizar ese ahorro en
la educación pública y laica.
28.
Individualización total del IRPF con la eliminación de todas las desgravaciones
por esposa dependiente en la forma actual (declaración conjunta) o en cualquier
otra posible.
CREACIÓN DE EMPLEO Y
DERECHOS LABORALES
29.
Derogación de la reforma laboral y paralización de todos los proyectos de
reforma que prosigan la filosofía del neoliberalismo.
30.
Aumento del salario mínimo a niveles equiparables a los de los países europeos
con un PIB similar.
31.
Reducción progresiva del abanico salarial mediante políticas fiscales y de
negociación en el seno de las empresas para lograr que la diferencia entre los
extremos no supere la relación 4 a 1.
32.
Aumento de las prestaciones por desempleo.
33.
Prohibición de los despidos en empresas con beneficios.
34.
Reparto del tiempo de trabajo y disminución de la jornada laboral.
35.
Fortalecimiento de las normas de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y
de conciliación entre la vida personal y laboral.
36.
Asunción del objetivo de permisos de maternidad y paternidad iguales e
intransferibles con la misma parte obligatoria para el padre que para la madre
y el establecimiento de una hoja de ruta hasta su plena consecución.
37.
Plan de austeridad pública que respete los derechos laborales y sociales.
DERECHOS SOCIALES
38.
Fomento de la vivienda en alquiler social, usando el excedente de viviendas
vacías en posesión de las entidades financieras.
39.
Derogación del art. 18 del Proyecto de Ley de Dependencia y de las extensiones
de las excedencias para el cuidado previstas en el proyecto de Ley de Igualdad
para que las prestaciones o desgravaciones para el cuidado no estén, en ningún
caso, condicionadas a la inactividad laboral en la persona cuidadora.
40.
Paralización de los expedientes de desahucios, aceptación de la dación en pago
voluntaria y creación de comisiones de arbitraje para evitar la pérdida de las
viviendas
por
razones sobrevenidas.
41.
Reducción del gasto militar en un 35% en tres años.
42.
Incremento del número de empleados públicos, especialmente en los servicios del
Estado de Bienestar, hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15.
43.
Reforma del sistema público de pensiones a través de estímulos a la economía,
financiación vía impuestos, reducción de la vida laboral y el fin de los
incentivos fiscales a los planes privados de pensiones.
44.
Eliminación del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
45.
Desarrollo del cuarto pilar del bienestar (que debería incluir tanto los
servicios de atención domiciliaria a las personas con dependencia como el
derecho de acceso a las escuelas de infancia de 0 a 3 años) hasta alcanzar los niveles
de cobertura promedios de los países de la UE-15 en 5 años con el objetivo de
lograr los indicadores actuales de los países nórdicos en 10 años.
EDUCACIÓN
46.
Plan de choque para aumentar el número y la atención de las escuelas
infantiles.
47.
Fin del régimen de concertación con la enseñanza privada.
48.
Aumento del gasto en educación hasta alcanzar la media europea en todas las
comunidades autónomas.
49.
Plan de choque para el mejoramiento de la condición laboral y social de
maestros y profesores.
50.
Plan de choque para la mejora de las enseñanzas de bachillerato y formación
profesional y para combatir el fracaso y el abandono escolar en esos niveles.
51.
Financiación pública de la universidad en los niveles existentes en la Unión
Europea de los 15.
52.
Reforma de la ley de universidades y de la forma en que se han aplicado las
normad del Sistema Europeo de Enseñanza Superior para asegurar que el servicio
público de la educación superior se oriente fundamentalmente a la promoción del
conocimiento que satisface necesidades sociales.
53.
Normas que garanticen que en los planes de estudios de economía se introduce un
estudio serio, riguroso y plural de las diferentes corrientes de pensamiento y
no solo el pensamiento neoliberal.
54.
Planes de choque para el mejoramiento de la condición laboral y social de
maestros y profesores.
55.
Incremento de la financiación dedicada a la investigación científica hasta
alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15.
56.
Plan urgente para dignificar la actividad y el salario de los investigadores
jóvenes para recuperar talentos que actualmente se encuentran fuera de España e
insertarlos
en el
sistema español de ciencia y tecnología.
57.
Plan de estímulo de la investigación y la innovación en el seno de las empresas
privadas vinculando y condicionando otros tipo de ayudas y subvenciones al
desarrollo
de
actividades de esta naturaleza.
POLÍTICA
58.
Nuevas normas para fortalecer los procedimientos de evaluación y control del
gasto público sometiéndolo a principios de austeridad y ejemplaridad que
impliquen mejoras en la provisión de los bienes y servicios públicos.
59.
Permitir y facilitar la participación ciudadana en el conocimiento y control de
la gestión del dinero público y de los servicios públicos.
60.
Estatuto de la comunicación social que garantice la pluralidad de los medios de
comunicación e impida la concentración de poder en ellos y fomente medios de
comunicación alternativos a través de difusión pública.
61.
Garantizar que los medios públicos de información presenten la pluralidad
ideológica existente a la población a la que tales medios sirven, y condicionar
las ayudas públicas a los medios privados así como su reconocimiento legal a su
compromiso con la diversidad ideológica.
62.
Establecer como responsabilidad pública la defensa del consumidor de bienes y
servicios privados, así como del usuario de los servicios públicos que
garanticen la calidad y seguridad de todos los bienes y servicios.
63. Control
exhaustivo de la clase política a través de la introducción de criterios de
eficiencia en la administración pública y mejorar su funcionamiento a través de
la aplicación de nuevas tecnologías y procesos de transparencia. Y
democratización de los partidos políticos potenciando la responsabilidad de los
cargos electos ante sus electores en lugar de ante las élites gobernantes en
los partidos.
64.
Ley que garantice la absoluta transparencia en la financiación de los partidos
políticos y que prohíba las contribuciones privadas en el proceso electoral. Y
leyes que
prohíban
la rotación entre cargos políticos o de funcionarios con responsabilidades
reguladoras, por un lado, y los sectores regulados, por otro, impidiendo que
los primeros puedan ser contratados antes de cinco años por los segundos.
65.
Incentivar las formas directas de participación ciudadana y establecer
referendos vinculantes a nivel local, autonómico y central. Creación de una
autoridad pública independiente que al final de las legislaturas muestre el
grado de cumplimiento de los programas electorales.
66.
Basar el sistema democrático en el principio de que el voto de cada persona es
igual independientemente de su residencia en cualquier lugar del país y
facilitar que la
capacidad
de decisión de los ciudadanos sea la misma.
67.
Reforma de la Constitución que redefina los niveles de autoridad y
responsabilidad en los distintos niveles del Estado para garantizar la igualdad
efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas.
68.
Reforma constitucional que haga que todos los cargos públicos que tengan
función de representatividad sean electos y que impida el carácter heredable de
los puestos representativos.
viernes, 10 de mayo de 2013
SINDICATOS, POLITICA Y OTROS MITOS Y MENTIRAS
SINDICATOS, POLITICA Y OTROS MITOS Y MENTIRAS
Sin querer crear polémica y a
modo de introducción tenemos que tener en cuenta que en este momento el sistema
laboral ha cambiado y que sobre esta situación se han hecho infinidad de
artículos yo copiando parte de algunos de ellos también quiero expresar mi
opinión sobre los mitos y mentiras que sobre los sindicatos se escribe o
intentan imponernos como creencia sobre todo desde la derecha de este país.
Como mi ego educacional no da para tener un intelecto afín a mentes
privilegiadas de tanto estudioso con titulo como demanda la sociedad de este
país equivocadamente lleno de titulitis aguda, despreciando a veces a
ciudadanos que sin título homologado pero con la humildad y el conocimiento
suficiente para desarrollar cualquier objetivo.
Desde estas líneas pido disculpas si alguien se siente ofendido y no
todo el mundo está de acuerdo con mi opinión.
Hay autores que incurren en
algunos defectos de análisis ya que no han tenido en cuenta el cambio en las
leyes laborales con tanta incidencia en la situación de los trabajadores y como
tienen que moverse sus organizaciones sindicales en los centros de trabajo
(inicio de la desorganización sindical, muerte de los convenios colectivos,
etc.), posiblemente a partir de ahora empiece la reactivación de la lucha de
clases y los pactos sociales como filosofía de estado.
Errores en las críticas de
algunos, con mayor gravedad en la credibilidad de los partidos políticos y
aquellos que los dirigen, ya que no matizan ni establecen diferencias ni se
concretan siglas, estilos estos muy afines a los “indignados” y que se coincide
con la extrema derecha. Lo que nos puede hacer pensar que estos tipos
“análisis” pueden terminar siendo nefastos para un pluralismo político, para
las libertades y para la propia política, ya que la misma es la única
herramienta contra el capitalismo de la que disponen los ciudadanos y
trabajadores en general, porque el sindicalismo actual tiene carácter meramente
defensivo.
Ante esta valoración sobre los diferentes
artículos y dentro de los pros y los contras que tienen, hay algún análisis que
se pueden resaltar y hacer hincapié ya que los mismos desmontan la falsedad y
el embuste de los ideólogos fascistas y neoliberales que resurgen contra el
sindicalismo español. Por ello, he cogido y pongo como ejemplo por su
contenido, (aunque no es el único en la defensa de una línea sindical) el artículo
de un profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona, Don Joaquín Juan
Albalate. No sin antes hacer una aclaración sobre la diversidad sindical que
compone el mapa español. La existencia de unos 6.500 sindicatos y asociaciones
profesionales registradas en el departamento de asociaciones del gobierno
Español de los cuales son inoperantes el 70% por falta de estructura o por que
se crearon para un hecho concreto en su día, del 30% restante un 20% no tienen
representación simplemente cuentan con una afiliación muy personal o de
compromiso, y el 10% restante lo ocupan con amplia mayoría los sindicatos
CC.OO. y U.G.T., sindicatos que acaparan la mayoría de afiliación y por ende la
mayor cuantía en subvenciones.
MITOS Y MENTIRAS SOBRE LOS
SINDICATOS
Desde hace ya unos años, se viene
difundiendo desde los medios de comunicación que operan en España ciertas
afirmaciones que cuestionan la legitimidad de los derechos que se asignaron a
los sindicatos —mediante diversas leyes, empezando por la Constitución— a
finales de los años setenta y principios de los ochenta. Esta objeción ha
empezado a adquirir durante estos últimos tiempos visos de una auténtica
ofensiva de las fuerzas políticas y económicas de índole neoliberal, tanto a
escala nacional como en la Unión Europea. Determinados partidos políticos y
gobiernos conservadores o liberales españoles y europeos, pero también representantes
cualificados de los poderes económicos y financieros, están protagonizando una
intensa y persuasiva campaña de descrédito contra el rol y las funciones que,
desde la restauración de la democracia, vienen desarrollando los sindicatos.
Esta campaña pretende debilitar a
una de las pocas instituciones que aún subsisten en los países industrializados
y que, junto con otras organizaciones no gubernamentales y movimientos
sociales, constituyen, por encima de los partidos políticos, la más importante
instancia colectiva que todavía planta cara a los intentos de acabar con los
derechos sociales y económicos asociados al Estado del Bienestar, tan dura y
costosamente conseguidos en España a lo largo de los últimos treinta y cinco
años. Ante esta situación, algunos profesores universitarios, investigadores
sociales, escritores, periodistas, artistas, intelectuales y, en particular,
sindicalistas, han reaccionado contra semejante cruzada, recurriendo a diversas
formas de denuncia de dichos ataques.
Concretamente, hace unos meses
apareció un artículo en la revista de la Federación de Educación del sindicato
CCOO, publicado en noviembre de 2011, en el que se apuntaban una serie de
frases y expresiones, ampliamente extendidas entre la población y difundidas desde
casi todos los medios de comunicación, de cuyo contenido se deducía un claro
intento de degradar la imagen de los sindicatos, con el beneplácito, más o
menos confesado, de las citadas organizaciones e instituciones. Pues bien,
partiendo de esas expresiones y de las contribuciones aportadas por otras
personas al respecto (V. Navarro, M. García Biel, J. López, J. Rodríguez, C.
Barrera, etc.), cabe realizar los siguientes comentarios a cada uno de tales
enunciados:
1. “Los sindicatos tienen cada vez menos soporte laboral y social”
El soporte que
reciben los sindicatos tiene, al menos, dos dimensiones: la laboral y la
social, ambas íntimamente relacionadas puesto que cualquier suceso laboral
tiene connotaciones sociales, aunque no siempre sucede lo contrario.
Por lo que se
refiere al soporte laboral, éste se puede “medir” a partir de la confianza que
depositan los trabajadores, bien cuando se afilian a un sindicato pagando una
determinada cuota, bien cuando respaldan a unos determinados candidatos,
participando en las elecciones sindicales.
Estos dos
aspectos (afiliación y elecciones sindicales) son los que legitiman a los
sindicatos para que ejerzan la representación de los intereses de los
trabajadores, recogiendo sus demandas y trasladándolas a las mesas de
negociación con la patronal, o con el propio Estado cuando se trata de
empleados públicos.
Con respecto a
la afiliación, debe tenerse en cuenta que, desde que se legalizaran los
sindicatos a finales de los años setenta, la afiliación sindical en España no
ha dejado de crecer. Mientras que en el año 1980 (aún en plena transición
democrática) los sindicatos apenas contaban con 500.000 afiliados, esta misma
cifra se había multiplicado por más de 7 a finales del primer decenio de este
siglo, de modo que eran más de 3.600.000 millones los afiliados a alguno de los
actuales sindicatos —encabezados por CC.OO. y U.G.T., que contaban con mas de
1,1 millones cada uno—, a lo que habría que añadir la reciente tendencia que,
desde 2009, han iniciado las tasas de afiliación, con un repunte de más del 40%
en 2011.
Estas cifras
contradicen el supuesto distanciamiento de los sindicatos de sus bases
sociales. Y ello a pesar de la grave crisis económica y de empleo que está
atacando, particularmente, a los colectivos de trabajadores que,
históricamente, más cerca han estado del sindicalismo. Si bien es cierto que la
tasa de afiliación sindical en España se sitúa por debajo de la de otros países
occidentales (en torno al 17% del total de asalariados), también lo es que
viene manteniéndose bastante estable durante los últimos años.
Y todo ello en
un país que sigue caracterizándose por tener una patronal con una cultura
laboral esencialmente contraria a cualquier acuerdo que implique una mínima
renuncia a sus prerrogativas, pero también por poseer un tejido empresarial con
un porcentaje muy elevado de pymes, donde es más difícil que arraiguen y se
extiendan los valores de solidaridad de clase que se derivan del trabajo
colectivo. Además, a ello habría que sumar la no obligatoriedad de afiliarse
para poder beneficiarse de los resultados de la negociación colectiva.
2. “Los sindicatos no nos representan”
Una segunda
fuente de legitimidad proviene de las elecciones sindicales que se realizan,
periódicamente, entre el “electorado” de los trabajadores asalariados. Se trata
de otro soporte, tan o más importante que el anterior, de cuyos mejores o
peores resultados se desprende un mayor o menor amparo democrático con el cual
se legitiman las decisiones que toman los sindicatos en nombre de sus
representados.
En este
sentido, cabe decir que el porcentaje de participación de los trabajadores en
las elecciones sindicales es, desde que éstas se celebran, muy elevado
(alrededor de un 80-90% del total de asalariados que pueden participar a lo largo
de los cuatro años que dura el actual cómputo electoral). Unas cifras que en
modo alguno han obtenido los partidos políticos en todas las elecciones
políticas celebradas desde los años ochenta, tanto en las de ámbito local como
en las autonómicas un 65%, nacionales un 75%, o europeas un 46%, y no por ello
se cuestiona el cada vez más mermado soporte que reciben de los ciudadanos.
Por último,
vale la pena agregar a lo anterior que los sindicatos recaban también un
soporte que va más allá de la esfera laboral. Personas que están en paro o en
situación de inactividad también respaldan la actividad sindical, a pesar de no
trabajar ni estar afiliadas. Las miles de personas que congregan los sindicatos
cuando convocan manifestaciones, paros o huelgas, acogen a muchas otras
personas que apoyan a los sindicatos desde ámbitos distintos del estrictamente
laboral, puesto que muchas de las reclamaciones sindicales son también demandas
que afectan a la sociedad en su conjunto.
Y es que,
aparte de la Iglesia, no hay ninguna otra institución ni organización social de
índole voluntaria en España que concite — contrariamente a lo que algunos
dicen— tanto soporte social como los sindicatos.
3. “Los sindicatos subsisten gracias a los fondos que les da el
Estado”
La financiación
de los sindicatos españoles proviene, fundamentalmente, de los ingresos que
reciben de las cuotas de los 3.600.000 millones de afiliados que poseen: unos 300
millones de euros anuales que cubren el 60% de los gastos corrientes. El
Gobierno español sólo aporta (¿aportaba?) 16 millones de euros, (el 4%) que se
reparten en función de la influencia electoral de cada sindicato. El resto de
los ingresos se obtienen de otras fuentes privadas o públicas, como la venta de
servicios, formación o, simplemente, de créditos bancarios.
Esos ingresos
deben ser suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario y del
mantenimiento y, en su caso, alquiler de los locales donde se realizan las
actividades ordinarias. Pero también para cubrir los costes de una de las
principales funciones sociales atribuidas a estas organizaciones: la
negociación colectiva —a veces a lo largo de muchas horas o jornadas— de más de
4.000 convenios colectivos que, más tarde o más temprano, acaban repercutiendo
en la mejora de las condiciones de trabajo de más de 8 millones de asalariados.
En contraste
con los 16 millones de euros que reciben los sindicatos españoles del Estado,
las ayudas con ese mismo origen que ingresan los sindicatos británicos alcanzan
los 98 millones, mientras que los italianos recaudan 600 millones y las
organizaciones sindicales francesas del sector público, 700 millones.
Por su parte,
las organizaciones patronales españolas reciben del Estado una cantidad
parecida a la de los sindicatos, criterio éste, como mínimo, discutible, pues
ni por el número de afiliados que aquéllas tienen, ni por la disponibilidad de
recursos que esos afiliados poseen para pagar sus cuotas o, más aún, ni por el
hecho de que esas mismas organizaciones disponen de otras fuentes de financiación
inaccesibles para los sindicatos, las patronales deberían obtener el mismo
volumen de financiación que el que reciben los sindicatos.
Pero, puestos
a cuestionar la legitimidad —que no la legalidad— de los 16 millones de euros
que reciben los sindicatos de los fondos públicos, nadie pone en duda —y menos
los dirigentes políticos o algunos medios de comunicación que así se lo
reprochan— la pertinencia de que los partidos políticos se merezcan los 85
millones que también reciben del Estado —por mucho que, según todas las
encuestas, su credibilidad social sea bastante menor que la de los sindicatos—
o que, como recientemente se ha podido saber, la Casa Real obtenga de los
presupuestos generales del Estado una renta de 9 de millones de euros cada año,
sin contar el valor del patrimonio que esa institución posee.
Y todo ello
por no hablar —por mucho que lo merezcan— de la subvención de 90 millones que
se concede al cine español, de los 360 millones que reciben la prensa y las
televisiones privadas o, en fin, de los 6.000 millones que percibe la Iglesia
para cubrir la parte de los gastos que no puede financiar con los ingresos de
sus feligreses, etc.
4. “Los sindicatos se lucran con las ayudas que reciben para la
formación profesional continua de los trabajadores”
Los sindicatos
reciben unos 150 millones —al igual que la patronal— de fondos públicos que se
destinan a cubrir los gastos de profesorado, personal auxiliar, instalaciones,
material fungible, etc., de los miles de cursos de formación continua que cada
año se prescriben para el reciclaje voluntario de las cualificaciones de los
asalariados. Se trata de otra de las funciones sociales más importantes con que
los sindicatos colaboran, junto con la patronal y algunas administraciones
públicas, para que la competitividad de los bienes y servicios que se producen
en España vaya al alza, justamente, como resultado de dichos cursos. No se
trata de un gasto, sino de una inversión de futuro muy importante aunque, no
por ello, sometida, igualmente, al control y auditoría de las autoridades
públicas españolas y europeas.
Y es
importante porque, además de que la formación continua se imparte de forma
gratuita a unos 2,5 millones de trabajadores al año por término medio —que, de
otro modo, posiblemente no recibirían, y menos de forma gratuita—, lo es
también por las repercusiones que tiene en el aumento de la autoestima del
trabajador, así como en las oportunidades de promoción interna y en las de
movilidad inter e intersectorial, e incluso —con las matizaciones que se
quiera— en las de poder encontrar trabajo antes que quienes se forman menos,
cuando se está en el paro o, en fin, en las de eludir el despido en mayor
medida que estos últimos.
La formación
continua sigue siendo una herramienta fundamental para afrontar en mejores
condiciones los cambios técnicos y organizativos que hoy, tan rápida e
intensamente, se producen en el mundo del trabajo. Y, aunque no sea una
condición suficiente para encontrar empleo —sobre todo en situaciones de paro
masivo como la que se vive en España desde hace demasiados años—, sigue siendo
un recurso útil para que los trabajadores que siguen ocupados conserven el
puesto de trabajo.
En definitiva,
la inversión que hacen los sindicatos con los fondos recibidos no sólo es
rentable porque eleva las cualificaciones de los trabajadores, sino porque las
empresas se benefician también de contar con unos trabajadores más formados y
cualificados. En todo caso, ante cualquier sospecha de lucro indebido siempre
se tiene al alcance la correspondiente denuncia en los tribunales.
5. “Los dirigentes sindicales ‘viven del cuento’ en vista de lo que
hacen”
Además de la
financiación estatal o de los planes de formación continua, otra de las
críticas que se vierten contra los sindicatos se refiere a los sueldos que
cobran sus dirigentes. Si bien es cierto que los ingresos en concepto de
trabajo de los dirigentes sindicales proceden de una parte de las subvenciones
públicas que reciben sus organizaciones, también lo es que tales remuneraciones
no sólo están fiscalizadas por Hacienda y otros entes de control público —como
a cualquier otro ciudadano que cobra un salario o una subvención del erario
público—, sino que dichas cantidades son, como mínimo, ridículas, atendiendo al
volumen de horas que destinan a organizar y resolver un conjunto creciente de
problemas.
Si
se compara con lo que ingresan otros cargos públicos, por no hablar de lo que
cobran algunos dirigentes o ejecutivos de organizaciones o empresas privadas,
las tareas que realizan los miembros de los sindicatos pueden ser tantas, o tan
o más estresantes y tener tanta o más responsabilidad social y, por tanto,
tanto o más riesgo por omitir o errar en la toma de decisiones, que las que
realizan aquéllos. Por ejemplo, una hipotética gestión deficiente de las
actuaciones que se llevan a cabo durante la negociación colectiva o en alguno
de los diversos servicios que ofrecen los sindicatos, podría repercutir muy
negativamente en las condiciones de trabajo de muchos miles de persones o, en
su caso, en la calidad de dichos servicios, con consecuencias igualmente
negativas para aquellos, al estar sometidos a la competencia del mercado.
Por
tanto, que un alto dirigente de uno de los sindicatos españoles más
representativos ganara en 2011 unos 2.470 euros brutos mensuales, no parece que
se corresponda con la dimensión de las consecuencias que pueden derivarse de
una mala gestión de las responsabilidades que tienen a su cargo. Se trata de
una cifra que, a ojos de algunos dirigentes empresariales, puede suscitar una cierta
sonrisa sarcástica, pero que no sólo se corresponde con los valores
fundacionales de modestia y honestidad propios de los sindicatos de clase, sino
que constituye una remuneración mínima por todo lo apuntado antes. Por cierto,
no hay que olvidar que, a diferencia de la inmensa mayoría de los dirigentes
empresariales privados y públicos, los líderes sindicales son escogidos
democráticamente, por lo que los sueldos que cobran están revestidos de un plus
de legitimidad, como mínimo, superior al de los que también cobran sin proceder
de procesos democráticos.
6. “Las horas sindicales se utilizan para excusarse del trabajo
mermando la productividad”
El
número de horas sindicales que se prevé en el artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores aún hoy vigente es, en comparación con la mayoría de los países
europeos, escaso. Eso podría explicar, al menos en parte, por qué una porción
importante de los delegados que salen elegidos en las elecciones sindicales
tienen que dedicar un porcentaje significativo de su tiempo personal, que a
menudo va mucho más allá del número de horas que, efectivamente, se remuneran.
En
el citado artículo se notifican los "créditos" de horas a los que
tiene derecho cada uno de los miembros elegidos del comité de empresa y de los
delegados de personal, estos últimos en el caso de empresas de 50 o menos
trabajadores, con un mínimo de un delegado para las de 30 o menos trabajadores.
El
volumen de horas mensuales a que dan derecho tales "créditos" se
distribuye en función del tamaño del centro de trabajo: en los de 100 o menos
trabajadores, la ley concede 15 horas a esos miembros o delegados, en los que
tienen entre 101 y 250, 20 horas, y así sucesivamente, hasta llegar a los que
exceden de 750, que pueden disponer de 40 horas. En ese mismo artículo se
precisa que los "créditos" de horas que disponen los distintos
delegados pueden ser transferidos por parte de algunos de éstos y ser
acumulados por otros, algo que suele suceder en la práctica.
Es
de ese modo que algunos de los miembros del comité o delegados elegidos pueden
quedarse sin “crédito” horario —porque lo han cedido a otros miembros—, o bien
ser “liberados", parcial o totalmente, según hayan conservado el
consiguiente “crédito” atribuido o, por el contrario, hayan acumulado a los
suyos los cedidos por otros, hasta un máximo del 100% de las horas totales de
la jornada, según sea el tamaño de cada centro de trabajo, algo que rara vez
sucede, pues, a la hora de la verdad, sólo puede ser factible en algunos de los
centros de trabajo de gran dimensión (como administraciones publicas).
Pues
bien, en España los delegados sindicales que estaban "liberados" en
su totalidad alcanzaba, aproximadamente, a unos 4.000, un 1,3% sobre un total
de más de 300.000 delegados sindicales escogidos en 2010.
Por
tanto, cuando se acusa a los sindicatos de ser los responsables del gran
volumen de horas que se “pierden” cada año para la productividad de la economía
del país por "culpa" de ejercer un derecho legal como éste, habría
que advertir a quienes así lo afirman que, además de que no se comete
infracción alguna, sólo repercute en una ínfima parte de los delegados:
aquellos que, realmente, ejercen su derecho al "crédito" horario, sea
éste parcial o total.
Ahora
bien, las horas que se "pierden” para la productividad económica son
relativamente pocas si se comparan con las que se (¿pierden?) también en las, a
veces, inacabables reuniones que tienen lugar en el seno de las patronales o
dentro de las mismas empresas, sin que por ello computen como pérdidas para la
competitividad de los bienes y servicios que se producen en la economía
española.
En
realidad, no es ciertamente el coste de las horas sindicales lo que preocupa a
la patronal o a las fuerzas políticas que representan a sus intereses en toda
España. Lo que verdaderamente les inquieta es la misma existencia de los
sindicatos, hagan muchas o pocas horas sindicales.
Por
ejemplo, sin ir más lejos, mejorar un 1% el salario de todos los trabajadores
españoles comporta, de media, diez veces más costes para los empresarios que el
de las horas sindicales que deben sufragar. Que los sindicatos hayan logrado
hace años que los padres o las madres puedan disfrutar de permisos remunerados
para cuidar de sus hijos equivale a un coste tres veces mayor que el de las
horas sindicales respectivas. Y así sucesivamente, con otros derechos sociales
y económicos conseguidos durante las últimas décadas.
Y
todo ello gracias a que los sindicatos han existido y siguen existiendo, mal
que les pese a algunos.
7. “Los sindicatos no sirven para nada”
Ésta
comienza a ser también otra de las afirmaciones que se propaga cada vez a mayor
velocidad y que, aparentemente, ha calado con bastante facilidad entre muchos
trabajadores y entre la población en general. Al menos, eso es lo que podría
deducirse de los resultados de algunas encuestas sobre la confianza de los
ciudadanos en determinadas instituciones, patrocinadas por una serie de
entidades dedicadas al estudio de la llamada "opinión pública" y que,
periódicamente, aparecen en los medios de comunicación. En estas encuestas se
insiste en que, sin ser los "últimos de la cola", los sindicatos son
percibidos por estas encuestas como una de las instituciones que,
paulatinamente, mayor credibilidad pierden, a ojos de, por lo visto, una mayoría
creciente de ciudadanos.
Parecería
como si, por arte de magia, un amplio conjunto de personas consideraran, desde
hace ya unos años, que los sindicatos ya no son necesarios porque, por poner un
ejemplo, las condiciones de vida y de trabajo de una mayoría social han llegado
a ser tales que, efectivamente, sobra su presencia, al menos en España.
¿Se
trata de una maniobra orquestada desde los diversos poderes políticos y
económicos —siempre reticentes, históricamente, a la existencia de los
sindicatos— que se sostiene en sólidos fundamentos o, por el contrario,
responde a la realidad porque los sindicatos ya no son capaces de dar respuesta
a los problemas sociolaborales de los trabajadores?
Todo
indica que ambas preguntas tienen algo de verdad. Y es que, de ser cierto que
una gran mayoría opina que los sindicatos “no sirven para nada”, éstos tendrían
que replantearse a fondo el papel que juegan en los momentos más recientes.
Ahora bien, de entrada no parece que esto pueda sostenerse.
En
primer lugar, aunque esas encuestas pueden haber recogido una cierta
sensibilidad social contraria a la pervivencia de los sindicatos, es lícito
preguntarse sobre el procedimiento seguido por dichas encuestas para llegar a
tales conclusiones. Como en otros escrutinios, y dando por correctos los
cálculos del volumen y la distribución de la muestra, del margen de error,
etc., es importante saber cómo se ha recopilado y qué se ha preguntado a los
ciudadanos, pues, según se haya orientado el enunciado de las preguntas, se podrían
haber alcanzado otros resultados.
Por
ejemplo, ¿la encuesta era específica sobre los sindicatos o trataba de más
temas?, ¿qué número de preguntas se incluían y qué se preguntaba exactamente
sobre los sindicatos?, ¿en qué lugar del cuestionario se situaban estas
preguntas?, ¿existían respuestas abiertas?, ¿cuáles eran?, etc. Éstas y otras
interpelaciones sobre la elaboración del instrumento utilizado para recabar la
información podrían deparar resultados distintos de los obtenidos en esas
encuestas.
En
segundo lugar, aun aceptando que el diseño de dicho instrumento se hubieran
ajustado a los requisitos de objetividad científica y, derivado de ello, se
hubiera detectado que, efectivamente, existe una percepción social de los
sindicatos como entes superfluos, no significaría, necesariamente, que muchos
de los interpelados deseen prescindir de ellos. Algunas personas pueden
defender su inutilidad y, al mismo tiempo, estar afiliadas o votar por un
sindicato en las elecciones sindicales, en este caso si se es un trabajador en
activo. Es común observar que muchas
personas pueden compatibilizan ideas (“los sindicatos no sirven para nada”) con
otras que se contradicen con las que se llevan a la práctica.
No
obstante, a pesar de todo lo dicho hasta ahora, es posible que dicha percepción
pudiera aproximarse a una cierta realidad, aunque llena de matices. La crisis
económico-financiera actual se ha encargado de reforzar el desmantelamiento,
iniciado ya en los años ochenta, de las bases materiales e ideológicas con las
que los sindicatos de clase encontraban el apoyo necesario para afrontar las
desigualdades laborales y sociales existentes.
Desde
que esas bases declinaron en favor de otras, completamente, opuestas a éstas,
la sintonía de los sindicatos con las "nuevas" demandas sociales y
laborales planteadas por los jóvenes, pero también por otros no tan jóvenes, se
ha quebrado, dando paso a una desafección e inhibición sociales, propicias a la
aparición de, entre otras cosas, frases como "los sindicatos ya no sirven
para nada". Y eso, paradójicamente, cuando el empleo se encuentra en una
situación en la que cabría esperar, más que nunca, la adhesión masiva a la
lucha contra las causas que provocan el paro, históricamente encabezada por los
sindicatos.
El
declive de las ideas críticas contra el sistema capitalista de una parte
importante de los trabajadores, pero también de los propios parados y de muchos
de aquellos jóvenes, ha facilitado a los poderes económicos y políticos, y a
los medios de comunicación que estos mismos controlan, inculpar a los
sindicatos, unilateralmente, de la responsabilidad del actual paro masivo,
empezando, como ya se ha visto, por eliminar las horas sindicales.
Si
bien algunas estrategias dudosas llevadas a cabo por las direcciones de los
sindicatos durante las épocas anteriores en relación con las políticas de
empleo podrían haber contribuido a un cierto descrédito, también es verdad que,
si alguien no es responsable de la destrucción de empleo y del paro masivo
existente, éstos son los sindicatos, sino aquellos que pueden crear ocupación
—empresarios y, cuando no, el propio Estado— y que, por motivos económicos y
políticos, respectivamente, no lo hacen.
Por
tanto, aunque una potente socialización regresiva intenta revertir la responsabilidad
de la situación económica actual, los sindicatos no sólo "no han servido
para nada", sino que han servido, en la medida en que lo han permitido sus
escasos recursos, para concienciar y movilizar a los ciudadanos a fin de
denunciar a los auténticos causantes de dicha crisis y, con ello, colaborar con
otros colectivos para frenar, en la medida de lo posible, las peores
consecuencias de la crisis iniciada por aquéllos.
8. “Si no existieran los sindicatos la sociedad tampoco notaría su
ausencia”
Este
enunciado aún no se ha extendido tanto como los anteriores, aunque, puestos a
imaginar lo peor, no es descabellado que, tal como se suceden los
acontecimientos, sea sólo una cuestión de tiempo. Se trata de una falacia más
que se deriva del enunciado anterior: si los sindicatos no sirven para nada,
entonces lo mejor es que desaparezcan.
La
hipótesis de una supuesta desaparición de los sindicatos suscita la existencia
de, al menos, dos escenarios: el primero sería que, efectivamente, los
sindicatos “ya no sirven para nada”, algo que ya se ha intentado desmentir en
el anterior enunciado. El segundo, en cambio, haría referencia a que los
sindicatos “sí que sirven para algo” y, a pesar de ello, los poderes económicos
y/o políticos decidan, sea cual sea la opinión pública sobre ellos,
eliminarlos.
Este
último escenario plantearía numerosos problemas que habría que resolver. En
primer lugar, tal desaparición nos remitiría, aunque con un contexto histórico
distinto, a otras épocas del pasado, no tan lejano, en las que, tras ser
proscritos, volverían a ser perseguidos, puesto que si “servían de algo” antes
de ser prohibidos, es lógico pensar que volverían a luchar para salir de la
clandestinidad y exigir, una vez más en la historia, su legalización.
Este
escenario no parecería ser “funcional” para el propio sistema capitalista
actual, dado el “compromiso” de los poderes políticos y económicos para
mantener la democracia formal vigente y, por tanto, de las instituciones
básicas que la acompañan, como, por ejemplo, los sindicatos. Ahora bien, es
éste un compromiso al que hoy nadie podría asegurarle permanencia, vistos los
embates de que son objeto los sindicatos en la actualidad.
En
segundo lugar, el cese automático de las funciones que desarrollan los
sindicatos, en particular la referida a las relaciones laborales y,
específicamente, a la negociación colectiva de los convenios con las patronales
y, en su caso, la concertación social con estas últimas y el propio gobierno,
quedaría sin efecto. Sin duda, los primeros perjudicados serían los
trabajadores, especialmente los de las pequeñas y medianas empresas (las que
acogen a menos de 50 trabajadores), en la medida en que son los que más se
benefician de la actual normativa que permite extender los logros conseguidos
en esa negociación a estos trabajadores, siempre y cuando los sindicatos o,
sobre todo, las patronales que los representan se adhieran a tales acuerdos.
Cabe
recordar que este tipo de empresa congrega en España a más del 95% del total de
empresas. Por tanto, aunque se conservaran el resto de las funciones que
desempeñan los sindicatos, la abolición de la negociación colectiva, por sí
sola, conduciría directamente a la negociación individual descentralizada,
empresa por empresa, con las más que probables consecuencias negativas para las
condiciones de vida y trabajo de una gran mayoría de los asalariados, salvo los
que, con la negociación individual de su convenio, pudieran obtener,
hipotéticamente, más o mejores beneficios, algo que, como se ha venido demostrando
durante los últimos treinta años, contrasta con lo que ha sucedido en la
realidad.
Pero,
además de esas consecuencias directas para los asalariados, la eliminación de
los sindicatos conllevaría también otras secuelas. Por un lado, la patronal
tendría dificultades para legitimar sus decisiones en ausencia de los
sindicatos, al menos en el marco democrático europeo e internacional. Por otro,
aumentarían las probabilidades de una quiebra del mismo Estado del Bienestar
si, como sería de esperar, los salarios y el resto de las condiciones de
trabajo fueran a la baja, comprometiendo el consumo privado y los ingresos
públicos del Estado, a no ser que —algo bastante improbable en un marco
neoliberal dominante como el presupuesto en esta hipótesis— existiera una intervención
de éste que regulara esas condiciones por decreto.
Realmente,
si ese hipotético escenario general se aproxima bastante a lo que sucede en la
actualidad habiendo sindicatos, es fácil imaginar, más allá de lo relatado
hasta ahora, qué acontecería de más si no existieran. Como ya se ha apuntado,
la presión contra el Estado del Bienestar repercutiría, necesariamente, en la
estabilidad del propio sistema democrático, de modo que, más tarde o más
temprano, afectaría no sólo a los sindicatos, sino también a algunos partidos
políticos e instituciones democráticas y, quizás, quién sabe, a otros.
No hay que olvidar que, si
alguien luchó por la restauración de esta mal llamada democracia en España, fueron sin duda
los sindicatos. No fueron los únicos, pero sí los que, junto con otros líderes
políticos de izquierdas, más arriesgaron su vida por ella.
Y
después de poner en conocimiento de todos este “análisis” muy enriquecedor y
que personalmente es el que mas me ha gustado y por eso lo publico, solo me
queda apostillar y que cada uno saque sus conclusiones:
Como decía el Ministro de
Propaganda Nazi: “UNA MENTIRA REPETIDA MIL VECES SE CONVIERTE EN VERDAD”.
miércoles, 3 de abril de 2013
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