En primer lugar os ofrecemos un importante
complemento de información sobre la privatización de la sanidad, en concreto la
construcción y gestión privada de hospitales, contenida en un artículo de
Público de hoy:
“Los nuevos servicios han sido, en general, más
costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales (...) Algo
positivo es que es más fácil que estas instalaciones se construyan en el plazo
y dentro del presupuesto; pero estas ventajas se consiguen a menudo a costa de
la calidad".
Esta era, en 2006, la principal conclusión de un
informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los hospitales públicos
construidos, y a veces también gestionados, por la iniciativa privada. Hoy,
cinco años después, expertos, sindicatos y organizaciones de defensa de la
sanidad pública siguen criticando y planteando dudas sobre un modelo que, sin
embargo, tiene una gran rentabilidad política. No en vano permite a las
administraciones inaugurar nuevos hospitales, incluso en crisis como la actual,
sin apenas desembolsos en los primeros años, ya que la construcción recae en la
iniciativa privada, que se acaba cobrando con creces la inversión a través que
los cánones que cobra en los siguientes 30 años, lo que acaba disparando el
coste final como ocurriría, por ejemplo, con una hipoteca.
Y es que un hospital puesto en marcha bajo una de
estas modalidades, conocidas de forma genérica como PFI (iniciativa de
financiación privada) por sus siglas en inglés, puede llegar a suponer, cuando
vuelve a manos de la administración tres décadas después, un coste de al menos
cuatro veces más a si su construcción se hubiera realizado con dinero público,
según calculan los sindicatos y organizaciones de sanidad pública basándose en
los cánones que debe pagar a las empresas concesionarias la Comunidad de
Madrid, la administración que más frecuentemente ha recurrido a esta fórmula de
financiación en los últimos años.
Los nuevos centros acaban costando al menos cuatro
veces más "Es muy cómodo para el político", señala Manuel Rodríguez,
secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, que alerta
sin embargo de que recurrir al dinero privado, en lugar de a la financiación
pública, conlleva "gastos financieros bestiales". Así, calcula que de
los cerca de 1.000 millones que aproximadamente hubiera costado hacer los siete
hospitales de Madrid construidos bajo la fórmula de gestión mixta
pública-privada (una empresa construye el hospital y lo gestiona mientras la
autonomía sigue controlando la asistencia sanitaria), el precio final para los
contribuyentes rondará los 4.500 millones.
Además, como resalta Pilar Navarro, secretaria de
Salud de UGT, al final de los 30 años de concesión la administración de turno,
tras haber pagado cantidades millonarias, recibe "un hospital
obsoleto". Por ello, este sindicato ya pidió al Gobierno central en julio
que aborde un análisis riguroso de la eficiencia de estas nuevas fórmulas de
gestión.
CCOO: el modelo mixto conlleva "gastos
financieros bestiales" También están muy preocupados por el coste de estos
centros en la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que
ha recopilado datos según los cuales los madrileños pagarán este año un
montante de 761 millones, que ascenderá a 4.284 una vez finalizadas las
concesiones, por unos hospitales cuya construcción ha costado sólo unos 700
millones. "El coste se multiplica por entre cuatro y siete dependiendo de
la modalidad de concesión", señala el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez
Bayle.
A su juicio, los nuevos hospitales construidos por
Aguirre se hubieran podido hacer "a un coste muy inferior" con fondos
públicos, si bien es cierto que "no todos a la vez". "Se trata
de favorecer el negocio del sector privado", agrega. "Tienes que pagar
el beneficio de la empresa privada más el IVA, y luego la gestión no es mucho
mejor", valora por su parte Antonio Cabrera, secretario general de la
Federación de Sanidad de CCOO. "Es un chollo inicial [para la
administración] que luego sale muy caro a los ciudadanos", remacha. De
hecho, la rentabilidad de las concesionarias fue superior al 11% hasta enero en
Madrid, según reconocieron las propias empresas cuando advirtieron en abril al
Gobierno regional del riesgo de "colapso" por la caída de sus
beneficios. Asimismo, como señala la Coordinadora Antiprivatización de la
Sanidad de Madrid, estos centros "están diseñados para realizar
actividades sanitarias que no comportan grandes riesgos, pero aseguran
beneficios rápidos". "Las actividades más costosas y menos rentables
(como unidades de quemados o cirugía especializada) se mantendrán en centros
públicos", agrega.
Gestión privada pura Pero al menos en los centros
anteriores el personal sanitario sigue perteneciendo a la sanidad pública, algo
que no ocurre en la modalidad de concierto, donde la concesionaria se ocupa
también de la gestión sanitaria de la población del área de influencia del
centro, como ocurre en el caso de los hospitales de Torrejón y Valdemoro.
"Ahí el político paga y se olvida de todo lo demás", agrega Martínez,
que alerta de que de facto una parte importante de la población pasa a ser
atendida por la sanidad privada. Así, sumando estos dos centros más la
Fundación Jiménez Díaz (que tiene concierto desde la época del Insalud)
"hay 620.000 madrileños, casi el 10% de la población de la Comunidad, a
los que la asistencia se la da la sanidad privada".
Un experto afirma que la fórmula es
"irresistible" para muchos políticos No hay que olvidar, al margen de
la fórmula elegida, que "la financiación privada es más cara", como
señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación de la Escuela Nacional de
Sanidad, que sí reconoce una ventaja: la rapidez en la inversión, frente a la
"lentitud a veces exasperante de las obras civiles de hospitales del
pasado". "Se puede inaugurar en una legislatura el hospital prometido
en la campaña electoral anterior, a coste cero en los cuatro años de
construcción", señala Repullo, que reconoce no obstante que esto se
consigue a costa de delegar el coste del funcionamiento "para las
siguientes legislaturas y la generación venidera". El modelo también
permite "eludir controles de endeudamiento", lo que junto con el
factor anterior tiene "un alto valor político" y convierte a la
fórmula en "irresistible" para algunos gobernantes.
Por otro lado, la "ventaja teórica" de
una buena gestión de los activos por parte de la concesionaria "parece
desvanecerse en gran medida ante la complejidad de los servicios y su rápido
cambio tecnológico". "Imaginemos agrega que nos entregan hoy un hospital
en las mismas condiciones que tenía cuando acabó de construirse en 1980:
valdría de museo, pero estaría total.
Con el permiso del autor del artículo Antonio
González.