Sin querer crear polémica y a
modo de introducción tenemos que tener en cuenta que en este momento el sistema
laboral ha cambiado y que sobre esta situación se han hecho infinidad de artículos
yo copiando parte de algunos de ellos también quiero expresar mi opinión sobre
los mitos y mentiras que sobre los sindicatos se escribe o intentan imponernos
como creencia sobre todo desde la derecha de este país. Como mi ego educacional
no da para tener un intelecto afín a mentes privilegiadas, desde estas líneas pido
disculpas si alguien se siente ofendido y no todo el mundo está de acuerdo con
mi opinión.
Hay autores que incurren en algunos
defectos de análisis ya que no han tenido en cuenta el cambio en las leyes
laborales con tanta incidencia en la situación de los trabajadores y como
tienen que moverse sus organizaciones sindicales en los centros de trabajo (inicio
de la desorganización sindical, muerte de los convenios colectivos, etc.),
posiblemente a partir de ahora empiece la reactivación de la lucha de clases y
los pactos sociales como filosofía de estado.
Errores en las críticas de
algunos, con mayor gravedad en la credibilidad de los partidos políticos y
aquellos que los dirigen, ya que no matizan ni establecen diferencias ni se
concretan siglas, estilos estos muy afines a los “indignados” y que se coincide
con la extrema derecha. Lo que nos puede hacer pensar que estos tipos “análisis”
pueden terminar siendo nefastos para un pluralismo político, pata las
libertades y para la propia política, ya que la misma es la única herramienta
contra el capitalismo de la que disponen los ciudadanos y trabajadores en
general, porque el sindicalismo actual tiene carácter meramente defensivo.
Ante esta valoración sobre los
diferentes artículos y dentro de los pros y los contras que tienen, hay algún análisis
que se pueden resaltar y hacer hincapié ya que los mismos desmontan la falsedad
y el embuste de los ideólogos fascistas y neoliberales que resurgen contra el
sindicalismo español. Por ello, he cogido y pongo como ejemplo por su contenido,
(aunque no es el único en la defensa de una línea sindical) el artículo de un
profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona, Don Joaquín Juan
Albalate. No sin antes hacer una aclaración sobre la diversidad sindical que
compone el mapa español. La existencia de unos 6.500 sindicatos y asociaciones
profesionales registradas en el departamento de asociaciones del gobierno
Español de los cuales son inoperantes el 70% por falta de estructura o por que
se crearon para un hecho concreto en su día, del 30% restante un 20% no tienen representación
simplemente cuentan con una afiliación muy personal o de compromiso, y el 10%
restante lo ocupan con amplia mayoría los sindicatos CC.OO. y U.G.T.,
sindicatos que acaparan la mayoría de afiliación y por ende la mayor cuantía en
subvenciones.
MITOS Y MENTIRAS SOBRE LOS
SINDICATOS
Desde hace ya unos años, se viene
difundiendo desde los medios de comunicación que operan en España ciertas
afirmaciones que cuestionan la legitimidad de los derechos que se asignaron a
los sindicatos —mediante diversas leyes, empezando por la Constitución— a
finales de los años setenta y principios de los ochenta. Esta objeción ha
empezado a adquirir durante estos últimos tiempos visos de una auténtica
ofensiva de las fuerzas políticas y económicas de índole neoliberal, tanto a
escala nacional como en la Unión Europea. Determinados partidos políticos y
gobiernos conservadores o liberales españoles y europeos, pero también
representantes cualificados de los poderes económicos y financieros, están
protagonizando una intensa y persuasiva campaña de descrédito contra el rol y
las funciones que, desde la restauración de la democracia, vienen desarrollando
los sindicatos.
Esta campaña pretende debilitar a
una de las pocas instituciones que aún subsisten en los países industrializados
y que, junto con otras organizaciones no gubernamentales y movimientos
sociales, constituyen, por encima de los partidos políticos, la más importante
instancia colectiva que todavía planta cara a los intentos de acabar con los
derechos sociales y económicos asociados al Estado del Bienestar, tan dura y
costosamente conseguidos en España a lo largo de los últimos treinta y cinco
años. Ante esta situación, algunos profesores universitarios, investigadores
sociales, escritores, periodistas, artistas, intelectuales y, en particular,
sindicalistas, han reaccionado contra semejante cruzada, recurriendo a diversas
formas de denuncia de dichos ataques.
Concretamente, hace unos meses
apareció un artículo en la revista de la Federación de Educación del sindicato
CCOO, publicado en noviembre de 2011, en el que se apuntaban una serie de
frases y expresiones, ampliamente extendidas entre la población y difundidas
desde casi todos los medios de comunicación, de cuyo contenido se deducía un
claro intento de degradar la imagen de los sindicatos, con el beneplácito, más
o menos confesado, de las citadas organizaciones e instituciones. Pues bien,
partiendo de esas expresiones y de las contribuciones aportadas por otras
personas al respecto (V. Navarro, M. García Biel, J. López, J. Rodríguez, C.
Barrera, etc.), cabe realizar los siguientes comentarios a cada uno de tales
enunciados:
1. “Los sindicatos tienen cada
vez menos soporte laboral y social”
El soporte que
reciben los sindicatos tiene, al menos, dos dimensiones: la laboral y la
social, ambas íntimamente relacionadas puesto que cualquier suceso laboral
tiene connotaciones sociales, aunque no siempre sucede lo contrario.
Por lo que se
refiere al soporte laboral, éste se puede “medir” a partir de la confianza que
depositan los trabajadores, bien cuando se afilian a un sindicato pagando una
determinada cuota, bien cuando respaldan a unos determinados candidatos,
participando en las elecciones sindicales.
Estos dos
aspectos (afiliación y elecciones sindicales) son los que legitiman a los
sindicatos para que ejerzan la representación de los intereses de los
trabajadores, recogiendo sus demandas y trasladándolas a las mesas de
negociación con la patronal, o con el propio Estado cuando se trata de
empleados públicos.
Con respecto a
la afiliación, debe tenerse en cuenta que, desde que se legalizaran los
sindicatos a finales de los años setenta, la afiliación sindical en España no
ha dejado de crecer. Mientras que en el año 1980 (aún en plena transición
democrática) los sindicatos apenas contaban con 500.000 afiliados, esta misma
cifra se había multiplicado por más de 7 a finales del primer decenio de este
siglo, de modo que eran más de 3.600.000 millones los afiliados a alguno de los
actuales sindicatos —encabezados por CC.OO. y U.G.T., que contaban con mas de
1,1 millones cada uno—, a lo que habría que añadir la reciente tendencia que,
desde 2009, han iniciado las tasas de afiliación, con un repunte de más del 40%
en 2011.
Estas cifras contradicen
el supuesto distanciamiento de los sindicatos de sus bases sociales. Y ello a
pesar de la grave crisis económica y de empleo que está atacando,
particularmente, a los colectivos de trabajadores que, históricamente, más
cerca han estado del sindicalismo. Si bien es cierto que la tasa de afiliación
sindical en España se sitúa por debajo de la de otros países occidentales (en
torno al 17% del total de asalariados), también lo es que viene manteniéndose
bastante estable durante los últimos años.
Y todo ello en
un país que sigue caracterizándose por tener una patronal con una cultura
laboral esencialmente contraria a cualquier acuerdo que implique una mínima
renuncia a sus prerrogativas, pero también por poseer un tejido empresarial con
un porcentaje muy elevado de pymes, donde es más difícil que arraiguen y se
extiendan los valores de solidaridad de clase que se derivan del trabajo
colectivo. Además, a ello habría que sumar la no obligatoriedad de afiliarse
para poder beneficiarse de los resultados de la negociación colectiva.
2. “Los sindicatos no nos
representan”
Una segunda
fuente de legitimidad proviene de las elecciones sindicales que se realizan,
periódicamente, entre el “electorado” de los trabajadores asalariados. Se trata
de otro soporte, tan o más importante que el anterior, de cuyos mejores o
peores resultados se desprende un mayor o menor amparo democrático con el cual
se legitiman las decisiones que toman los sindicatos en nombre de sus
representados.
En este
sentido, cabe decir que el porcentaje de participación de los trabajadores en
las elecciones sindicales es, desde que éstas se celebran, muy elevado
(alrededor de un 80-90% del total de asalariados que pueden participar a lo
largo de los cuatro años que dura el actual cómputo electoral). Unas cifras que
en modo alguno han obtenido los partidos políticos en todas las elecciones
políticas celebradas desde los años ochenta, tanto en las de ámbito local como
en las autonómicas un 65%, nacionales un 75%, o europeas un 46%, y no por ello
se cuestiona el cada vez más mermado soporte que reciben de los ciudadanos.
Por último,
vale la pena agregar a lo anterior que los sindicatos recaban también un
soporte que va más allá de la esfera laboral. Personas que están en paro o en
situación de inactividad también respaldan la actividad sindical, a pesar de no
trabajar ni estar afiliadas. Las miles de personas que congregan los sindicatos
cuando convocan manifestaciones, paros o huelgas, acogen a muchas otras
personas que apoyan a los sindicatos desde ámbitos distintos del estrictamente
laboral, puesto que muchas de las reclamaciones sindicales son también demandas
que afectan a la sociedad en su conjunto.
Y es que,
aparte de la Iglesia, no hay ninguna otra institución ni organización social de
índole voluntaria en España que concite — contrariamente a lo que algunos
dicen— tanto soporte social como los sindicatos.
3. “Los sindicatos subsisten
gracias a los fondos que les da el Estado”
La
financiación de los sindicatos españoles proviene, fundamentalmente, de los
ingresos que reciben de las cuotas de los 3.600.000 millones de afiliados que
poseen: unos 300 millones de euros anuales que cubren el 60% de los gastos
corrientes. El Gobierno español sólo aporta (¿aportaba?) 16 millones de euros,
(el 4%) que se reparten en función de la influencia electoral de cada
sindicato. El resto de los ingresos se obtienen de otras fuentes privadas o
públicas, como la venta de servicios, formación o, simplemente, de créditos
bancarios.
Esos ingresos
deben ser suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario y del
mantenimiento y, en su caso, alquiler de los locales donde se realizan las
actividades ordinarias. Pero también para cubrir los costes de una de las
principales funciones sociales atribuidas a estas organizaciones: la
negociación colectiva —a veces a lo largo de muchas horas o jornadas— de más de
4.000 convenios colectivos que, más tarde o más temprano, acaban repercutiendo
en la mejora de las condiciones de trabajo de más de 8 millones de asalariados.
En contraste
con los 16 millones de euros que reciben los sindicatos españoles del Estado,
las ayudas con ese mismo origen que ingresan los sindicatos británicos alcanzan
los 98 millones, mientras que los italianos recaudan 600 millones y las
organizaciones sindicales francesas del sector público, 700 millones.
Por su parte,
las organizaciones patronales españolas reciben del Estado una cantidad
parecida a la de los sindicatos, criterio éste, como mínimo, discutible, pues
ni por el número de afiliados que aquéllas tienen, ni por la disponibilidad de
recursos que esos afiliados poseen para pagar sus cuotas o, más aún, ni por el
hecho de que esas mismas organizaciones disponen de otras fuentes de
financiación inaccesibles para los sindicatos, las patronales deberían obtener
el mismo volumen de financiación que el que reciben los sindicatos.
Pero, puestos
a cuestionar la legitimidad —que no la legalidad— de los 16 millones de euros
que reciben los sindicatos de los fondos públicos, nadie pone en duda —y menos
los dirigentes políticos o algunos medios de comunicación que así se lo
reprochan— la pertinencia de que los partidos políticos se merezcan los 85
millones que también reciben del Estado —por mucho que, según todas las
encuestas, su credibilidad social sea bastante menor que la de los sindicatos—
o que, como recientemente se ha podido saber, la Casa Real obtenga de los
presupuestos generales del Estado una renta de 9 de millones de euros cada año,
sin contar el valor del patrimonio que esa institución posee.
Y todo ello
por no hablar —por mucho que lo merezcan— de la subvención de 90 millones que
se concede al cine español, de los 360 millones que reciben la prensa y las
televisiones privadas o, en fin, de los 6.000 millones que percibe la Iglesia
para cubrir la parte de los gastos que no puede financiar con los ingresos de
sus feligreses, etc.
4. “Los sindicatos se lucran con
las ayudas que reciben para la formación profesional continua de los
trabajadores”
Los sindicatos
reciben unos 150 millones —al igual que la patronal— de fondos públicos que se
destinan a cubrir los gastos de profesorado, personal auxiliar, instalaciones,
material fungible, etc., de los miles de cursos de formación continua que cada
año se prescriben para el reciclaje voluntario de las cualificaciones de los
asalariados. Se trata de otra de las funciones sociales más importantes con que
los sindicatos colaboran, junto con la patronal y algunas administraciones
públicas, para que la competitividad de los bienes y servicios que se producen
en España vaya al alza, justamente, como resultado de dichos cursos. No se
trata de un gasto, sino de una inversión de futuro muy importante aunque, no
por ello, sometida, igualmente, al control y auditoría de las autoridades
públicas españolas y europeas.
Y es
importante porque, además de que la formación continua se imparte de forma
gratuita a unos 2,5 millones de trabajadores al año por término medio —que, de
otro modo, posiblemente no recibirían, y menos de forma gratuita—, lo es
también por las repercusiones que tiene en el aumento de la autoestima del
trabajador, así como en las oportunidades de promoción interna y en las de
movilidad inter e intersectorial, e incluso —con las matizaciones que se
quiera— en las de poder encontrar trabajo antes que quienes se forman menos,
cuando se está en el paro o, en fin, en las de eludir el despido en mayor
medida que estos últimos.
La formación
continua sigue siendo una herramienta fundamental para afrontar en mejores
condiciones los cambios técnicos y organizativos que hoy, tan rápida e
intensamente, se producen en el mundo del trabajo. Y, aunque no sea una
condición suficiente para encontrar empleo —sobre todo en situaciones de paro
masivo como la que se vive en España desde hace demasiados años—, sigue siendo
un recurso útil para que los trabajadores que siguen ocupados conserven el
puesto de trabajo.
En definitiva,
la inversión que hacen los sindicatos con los fondos recibidos no sólo es
rentable porque eleva las cualificaciones de los trabajadores, sino porque las
empresas se benefician también de contar con unos trabajadores más formados y
cualificados. En todo caso, ante cualquier sospecha de lucro indebido siempre
se tiene al alcance la correspondiente denuncia en los tribunales.
5. “Los dirigentes sindicales
‘viven del cuento’ en vista de lo que hacen”
Además de la
financiación estatal o de los planes de formación continua, otra de las
críticas que se vierten contra los sindicatos se refiere a los sueldos que
cobran sus dirigentes. Si bien es cierto que los ingresos en concepto de
trabajo de los dirigentes sindicales proceden de una parte de las subvenciones
públicas que reciben sus organizaciones, también lo es que tales remuneraciones
no sólo están fiscalizadas por Hacienda y otros entes de control público —como
a cualquier otro ciudadano que cobra un salario o una subvención del erario
público—, sino que dichas cantidades son, como mínimo, ridículas, atendiendo al
volumen de horas que destinan a organizar y resolver un conjunto creciente de
problemas.
Si
se compara con lo que ingresan otros cargos públicos, por no hablar de lo que
cobran algunos dirigentes o ejecutivos de organizaciones o empresas privadas,
las tareas que realizan los miembros de los sindicatos pueden ser tantas, o tan
o más estresantes y tener tanta o más responsabilidad social y, por tanto,
tanto o más riesgo por omitir o errar en la toma de decisiones, que las que
realizan aquéllos. Por ejemplo, una hipotética gestión deficiente de las
actuaciones que se llevan a cabo durante la negociación colectiva o en alguno
de los diversos servicios que ofrecen los sindicatos, podría repercutir muy
negativamente en las condiciones de trabajo de muchos miles de persones o, en
su caso, en la calidad de dichos servicios, con consecuencias igualmente
negativas para aquellos, al estar sometidos a la competencia del mercado.
Por
tanto, que un alto dirigente de uno de los sindicatos españoles más
representativos ganara en 2011 unos 2.470 euros brutos mensuales, no parece que
se corresponda con la dimensión de las consecuencias que pueden derivarse de
una mala gestión de las responsabilidades que tienen a su cargo. Se trata de
una cifra que, a ojos de algunos dirigentes empresariales, puede suscitar una
cierta sonrisa sarcástica, pero que no sólo se corresponde con los valores
fundacionales de modestia y honestidad propios de los sindicatos de clase, sino
que constituye una remuneración mínima por todo lo apuntado antes. Por cierto,
no hay que olvidar que, a diferencia de la inmensa mayoría de los dirigentes
empresariales privados y públicos, los líderes sindicales son escogidos
democráticamente, por lo que los sueldos que cobran están revestidos de un plus
de legitimidad, como mínimo, superior al de los que también cobran sin proceder
de procesos democráticos.
6. “Las horas sindicales se
utilizan para excusarse del trabajo mermando la productividad”
El
número de horas sindicales que se prevé en el artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores aún hoy vigente es, en comparación con la mayoría de los países
europeos, escaso. Eso podría explicar, al menos en parte, por qué una porción
importante de los delegados que salen elegidos en las elecciones sindicales
tienen que dedicar un porcentaje significativo de su tiempo personal, que a
menudo va mucho más allá del número de horas que, efectivamente, se remuneran.
En
el citado artículo se notifican los "créditos" de horas a los que
tiene derecho cada uno de los miembros elegidos del comité de empresa y de los
delegados de personal, estos últimos en el caso de empresas de 50 o menos
trabajadores, con un mínimo de un delegado para las de 30 o menos trabajadores.
El
volumen de horas mensuales a que dan derecho tales "créditos" se
distribuye en función del tamaño del centro de trabajo: en los de 100 o menos
trabajadores, la ley concede 15 horas a esos miembros o delegados, en los que
tienen entre 101 y 250, 20 horas, y así sucesivamente, hasta llegar a los que
exceden de 750, que pueden disponer de 40 horas. En ese mismo artículo se
precisa que los "créditos" de horas que disponen los distintos
delegados pueden ser transferidos por parte de algunos de éstos y ser
acumulados por otros, algo que suele suceder en la práctica.
Es
de ese modo que algunos de los miembros del comité o delegados elegidos pueden
quedarse sin “crédito” horario —porque lo han cedido a otros miembros—, o bien
ser “liberados", parcial o totalmente, según hayan conservado el
consiguiente “crédito” atribuido o, por el contrario, hayan acumulado a los
suyos los cedidos por otros, hasta un máximo del 100% de las horas totales de
la jornada, según sea el tamaño de cada centro de trabajo, algo que rara vez
sucede, pues, a la hora de la verdad, sólo puede ser factible en algunos de los
centros de trabajo de gran dimensión (como administraciones publicas).
Pues
bien, en España los delegados sindicales que estaban "liberados" en
su totalidad alcanzaba, aproximadamente, a unos 4.000, un 1,3% sobre un total
de más de 300.000 delegados sindicales escogidos en 2010.
Por
tanto, cuando se acusa a los sindicatos de ser los responsables del gran
volumen de horas que se “pierden” cada año para la productividad de la economía
del país por "culpa" de ejercer un derecho legal como éste, habría
que advertir a quienes así lo afirman que, además de que no se comete
infracción alguna, sólo repercute en una ínfima parte de los delegados:
aquellos que, realmente, ejercen su derecho al "crédito" horario, sea
éste parcial o total.
Ahora
bien, las horas que se "pierden” para la productividad económica son
relativamente pocas si se comparan con las que se (¿pierden?) también en las, a
veces, inacabables reuniones que tienen lugar en el seno de las patronales o
dentro de las mismas empresas, sin que por ello computen como pérdidas para la
competitividad de los bienes y servicios que se producen en la economía
española.
En
realidad, no es ciertamente el coste de las horas sindicales lo que preocupa a
la patronal o a las fuerzas políticas que representan a sus intereses en toda
España. Lo que verdaderamente les inquieta es la misma existencia de los
sindicatos, hagan muchas o pocas horas sindicales.
Por
ejemplo, sin ir más lejos, mejorar un 1% el salario de todos los trabajadores
españoles comporta, de media, diez veces más costes para los empresarios que el
de las horas sindicales que deben sufragar. Que los sindicatos hayan logrado
hace años que los padres o las madres puedan disfrutar de permisos remunerados
para cuidar de sus hijos equivale a un coste tres veces mayor que el de las
horas sindicales respectivas. Y así sucesivamente, con otros derechos sociales
y económicos conseguidos durante las últimas décadas.
Y
todo ello gracias a que los sindicatos han existido y siguen existiendo, mal
que les pese a algunos.
7. “Los sindicatos no sirven para
nada”
Ésta
comienza a ser también otra de las afirmaciones que se propaga cada vez a mayor
velocidad y que, aparentemente, ha calado con bastante facilidad entre muchos
trabajadores y entre la población en general. Al menos, eso es lo que podría
deducirse de los resultados de algunas encuestas sobre la confianza de los
ciudadanos en determinadas instituciones, patrocinadas por una serie de
entidades dedicadas al estudio de la llamada "opinión pública" y que,
periódicamente, aparecen en los medios de comunicación. En estas encuestas se
insiste en que, sin ser los "últimos de la cola", los sindicatos son
percibidos por estas encuestas como una de las instituciones que,
paulatinamente, mayor credibilidad pierden, a ojos de, por lo visto, una
mayoría creciente de ciudadanos.
Parecería
como si, por arte de magia, un amplio conjunto de personas consideraran, desde
hace ya unos años, que los sindicatos ya no son necesarios porque, por poner un
ejemplo, las condiciones de vida y de trabajo de una mayoría social han llegado
a ser tales que, efectivamente, sobra su presencia, al menos en España.
¿Se
trata de una maniobra orquestada desde los diversos poderes políticos y
económicos —siempre reticentes, históricamente, a la existencia de los
sindicatos— que se sostiene en sólidos fundamentos o, por el contrario,
responde a la realidad porque los sindicatos ya no son capaces de dar respuesta
a los problemas sociolaborales de los trabajadores?
Todo
indica que ambas preguntas tienen algo de verdad. Y es que, de ser cierto que
una gran mayoría opina que los sindicatos “no sirven para nada”, éstos tendrían
que replantearse a fondo el papel que juegan en los momentos más recientes.
Ahora bien, de entrada no parece que esto pueda sostenerse.
En
primer lugar, aunque esas encuestas pueden haber recogido una cierta
sensibilidad social contraria a la pervivencia de los sindicatos, es lícito
preguntarse sobre el procedimiento seguido por dichas encuestas para llegar a
tales conclusiones. Como en otros escrutinios, y dando por correctos los
cálculos del volumen y la distribución de la muestra, del margen de error,
etc., es importante saber cómo se ha recopilado y qué se ha preguntado a los
ciudadanos, pues, según se haya orientado el enunciado de las preguntas, se
podrían haber alcanzado otros resultados.
Por
ejemplo, ¿la encuesta era específica sobre los sindicatos o trataba de más
temas?, ¿qué número de preguntas se incluían y qué se preguntaba exactamente
sobre los sindicatos?, ¿en qué lugar del cuestionario se situaban estas
preguntas?, ¿existían respuestas abiertas?, ¿cuáles eran?, etc. Éstas y otras
interpelaciones sobre la elaboración del instrumento utilizado para recabar la
información podrían deparar resultados distintos de los obtenidos en esas
encuestas.
En
segundo lugar, aun aceptando que el diseño de dicho instrumento se hubieran
ajustado a los requisitos de objetividad científica y, derivado de ello, se
hubiera detectado que, efectivamente, existe una percepción social de los
sindicatos como entes superfluos, no significaría, necesariamente, que muchos
de los interpelados deseen prescindir de ellos. Algunas personas pueden
defender su inutilidad y, al mismo tiempo, estar afiliadas o votar por un
sindicato en las elecciones sindicales, en este caso si se es un trabajador en
activo. Es común observar que muchas
personas pueden compatibilizan ideas (“los sindicatos no sirven para nada”) con
otras que se contradicen con las que se llevan a la práctica.
No
obstante, a pesar de todo lo dicho hasta ahora, es posible que dicha percepción
pudiera aproximarse a una cierta realidad, aunque llena de matices. La crisis
económico-financiera actual se ha encargado de reforzar el desmantelamiento,
iniciado ya en los años ochenta, de las bases materiales e ideológicas con las
que los sindicatos de clase encontraban el apoyo necesario para afrontar las
desigualdades laborales y sociales existentes.
Desde
que esas bases declinaron en favor de otras, completamente, opuestas a éstas,
la sintonía de los sindicatos con las "nuevas" demandas sociales y
laborales planteadas por los jóvenes, pero también por otros no tan jóvenes, se
ha quebrado, dando paso a una desafección e inhibición sociales, propicias a la
aparición de, entre otras cosas, frases como "los sindicatos ya no sirven
para nada". Y eso, paradójicamente, cuando el empleo se encuentra en una
situación en la que cabría esperar, más que nunca, la adhesión masiva a la
lucha contra las causas que provocan el paro, históricamente encabezada por los
sindicatos.
El
declive de las ideas críticas contra el sistema capitalista de una parte
importante de los trabajadores, pero también de los propios parados y de muchos
de aquellos jóvenes, ha facilitado a los poderes económicos y políticos, y a
los medios de comunicación que estos mismos controlan, inculpar a los sindicatos,
unilateralmente, de la responsabilidad del actual paro masivo, empezando, como
ya se ha visto, por eliminar las horas sindicales.
Si
bien algunas estrategias dudosas llevadas a cabo por las direcciones de los
sindicatos durante las épocas anteriores en relación con las políticas de
empleo podrían haber contribuido a un cierto descrédito, también es verdad que,
si alguien no es responsable de la destrucción de empleo y del paro masivo
existente, éstos son los sindicatos, sino aquellos que pueden crear ocupación
—empresarios y, cuando no, el propio Estado— y que, por motivos económicos y
políticos, respectivamente, no lo hacen.
Por
tanto, aunque una potente socialización regresiva intenta revertir la
responsabilidad de la situación económica actual, los sindicatos no sólo
"no han servido para nada", sino que han servido, en la medida en que
lo han permitido sus escasos recursos, para concienciar y movilizar a los
ciudadanos a fin de denunciar a los auténticos causantes de dicha crisis y, con
ello, colaborar con otros colectivos para frenar, en la medida de lo posible,
las peores consecuencias de la crisis iniciada por aquéllos.
8. “Si no existieran los
sindicatos la sociedad tampoco notaría su ausencia”
Este
enunciado aún no se ha extendido tanto como los anteriores, aunque, puestos a
imaginar lo peor, no es descabellado que, tal como se suceden los
acontecimientos, sea sólo una cuestión de tiempo. Se trata de una falacia más
que se deriva del enunciado anterior: si los sindicatos no sirven para nada, entonces
lo mejor es que desaparezcan.
La
hipótesis de una supuesta desaparición de los sindicatos suscita la existencia
de, al menos, dos escenarios: el primero sería que, efectivamente, los
sindicatos “ya no sirven para nada”, algo que ya se ha intentado desmentir en
el anterior enunciado. El segundo, en cambio, haría referencia a que los
sindicatos “sí que sirven para algo” y, a pesar de ello, los poderes económicos
y/o políticos decidan, sea cual sea la opinión pública sobre ellos,
eliminarlos.
Este
último escenario plantearía numerosos problemas que habría que resolver. En
primer lugar, tal desaparición nos remitiría, aunque con un contexto histórico
distinto, a otras épocas del pasado, no tan lejano, en las que, tras ser
proscritos, volverían a ser perseguidos, puesto que si “servían de algo” antes
de ser prohibidos, es lógico pensar que volverían a luchar para salir de la
clandestinidad y exigir, una vez más en la historia, su legalización.
Este
escenario no parecería ser “funcional” para el propio sistema capitalista
actual, dado el “compromiso” de los poderes políticos y económicos para
mantener la democracia formal vigente y, por tanto, de las instituciones
básicas que la acompañan, como, por ejemplo, los sindicatos. Ahora bien, es
éste un compromiso al que hoy nadie podría asegurarle permanencia, vistos los
embates de que son objeto los sindicatos en la actualidad.
En
segundo lugar, el cese automático de las funciones que desarrollan los
sindicatos, en particular la referida a las relaciones laborales y,
específicamente, a la negociación colectiva de los convenios con las patronales
y, en su caso, la concertación social con estas últimas y el propio gobierno,
quedaría sin efecto. Sin duda, los primeros perjudicados serían los
trabajadores, especialmente los de las pequeñas y medianas empresas (las que
acogen a menos de 50 trabajadores), en la medida en que son los que más se
benefician de la actual normativa que permite extender los logros conseguidos
en esa negociación a estos trabajadores, siempre y cuando los sindicatos o,
sobre todo, las patronales que los representan se adhieran a tales acuerdos.
Cabe
recordar que este tipo de empresa congrega en España a más del 95% del total de
empresas. Por tanto, aunque se conservaran el resto de las funciones que
desempeñan los sindicatos, la abolición de la negociación colectiva, por sí
sola, conduciría directamente a la negociación individual descentralizada,
empresa por empresa, con las más que probables consecuencias negativas para las
condiciones de vida y trabajo de una gran mayoría de los asalariados, salvo los
que, con la negociación individual de su convenio, pudieran obtener,
hipotéticamente, más o mejores beneficios, algo que, como se ha venido
demostrando durante los últimos treinta años, contrasta con lo que ha sucedido
en la realidad.
Pero,
además de esas consecuencias directas para los asalariados, la eliminación de
los sindicatos conllevaría también otras secuelas. Por un lado, la patronal
tendría dificultades para legitimar sus decisiones en ausencia de los
sindicatos, al menos en el marco democrático europeo e internacional. Por otro,
aumentarían las probabilidades de una quiebra del mismo Estado del Bienestar
si, como sería de esperar, los salarios y el resto de las condiciones de
trabajo fueran a la baja, comprometiendo el consumo privado y los ingresos
públicos del Estado, a no ser que —algo bastante improbable en un marco
neoliberal dominante como el presupuesto en esta hipótesis— existiera una
intervención de éste que regulara esas condiciones por decreto.
Realmente,
si ese hipotético escenario general se aproxima bastante a lo que sucede en la
actualidad habiendo sindicatos, es fácil imaginar, más allá de lo relatado
hasta ahora, qué acontecería de más si no existieran. Como ya se ha apuntado,
la presión contra el Estado del Bienestar repercutiría, necesariamente, en la
estabilidad del propio sistema democrático, de modo que, más tarde o más
temprano, afectaría no sólo a los sindicatos, sino también a algunos partidos
políticos e instituciones democráticas y, quizás, quién sabe, a otros.
No hay que olvidar que, si
alguien luchó por la restauración de la democracia en España, fueron sin duda
los sindicatos. No fueron los únicos, pero sí los que, junto con otros líderes
políticos de izquierdas, más arriesgaron su vida por ella.
Y después de poner en conocimiento de todos este “análisis” muy enriquecedor y
que personalmente es el que mas me ha gustado y por eso lo publico, solo me
queda apostillar y que cada uno saque sus conclusiones:
Como decía el Ministro de
Propaganda Nazi: “UNA MENTIRA REPETIDA MIL VECES SE CONVIERTE EN VERDAD”.
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